Actualmente, la edad media de los profesores de la universidad pública española es de 53,4 años, la de los contratados de 45 y sólo el 6 % de los profesores tiene menos de 35 años. Esta situación hace que en un futuro no muy lejano, sea necesario renovar, de forma acelerada, las plantillas, lo que se convierte en una gran oportunidad para impulsar las universidades españolas.

Hace unas semanas, FEDEA reunió a una serie de expertos del tema para tratar de analizar la situación en la que se encuentra la universidad en España y proponer algunas ideas con el fin de modernizarla.

Entre los temas analizados, se encuentran las limitaciones del sistema actual de selección de nuevos profesores. Una mezcla del modelo anglosajón de autonomía con el modelo continental de funcionarios públicos que ha reducido la movilidad y favorecido la endogamia. El 70% de los profesores son doctores en la universidad donde trabajan, y el 86% lo son en la misma comunidad autónoma.

Otro de los puntos de discusión fueron las medidas que el Gobierno Central y algunos gobiernos autonómicos han tomado para incentivar una mejor selección de los profesores universitarios. Medidas que ha resultado insuficientes para cambiar los patrones de selección de los profesores e investigadores.

Durante el Seminario de FEDEA se insistió en poner en marcha una buena política de contratación que sería el ingrediente básico de la renovación universitaria. Ésta se traduciría en una mayor diversificación de su oferta formativa y de investigación, en la redefinición de sus titulaciones de grado y en la potenciación de escuelas de posgrado competitivas internacionalmente. Las principales propuestas fueron las siguientes:

  1. La imposición de un modelo de reforma homogéneo y generalizable a todas las universidades públicas es inviable.
  2. La libertad completa de contratación requiere la existencia de un sistema eficaz de evaluación externa, bien por agencias internacionales, bien a través de indicadores objetivos que hoy no existe y debería implantarse.
  3. El actual sistema de acreditación debería ser objeto de una reforma a fondo que lo hiciera abierto, público y transparente.
  4. Siguiendo el U-Ranking 2016 (y otros indicadores) sería conveniente distinguir entre:
  • Universidades docentes, cuyo crecimiento en los próximos años debería estar vinculado a una mejora en el ajuste entre la oferta y la demanda de titulaciones universitarias
  • Universidades investigadoras, aquellas que tienen potentes grupos de investigación y programas de posgrado o las que podrían articularse en torno a los principales centros de investigación del país.
  1. Entre dichas prácticas se destacaron:
    1. La contratación abierta, publicada en los medios y foros habituales de contratación de cada disciplina, con participación de comisiones de evaluación internacionales.
    2. La oferta de contratos temporales de 5-6 años, con posibilidad de que se transformen en indefinidos. Evaluación continua y a mitad del período.
    3. La aplicación estricta del principio del “up or out” (ascenso o cese) en caso de que se supere o no la evaluación prevista tras los primeros años de contrato temporal.
  2. Las universidades docentes podrían acceder a la categoría de universidades de investigación, y viceversa. Las universidades de investigación podrían perder su condición en función de su posicionamiento en los rankings nacionales e internacionales y de sus prácticas de selección de profesores.
  3. El aumento de fondos disponibles y el levantamiento de las actuales restricciones legales a la contratación debería vincularse al cumplimiento por parte de las “universidades docentes”, del ajuste de la oferta-demanda de titulaciones, y de las universidades de investigación, la implantación de prácticas de contrataciones abiertas y competitivas a nivel internacional.

 

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